Ejecutivo llamó a Asamblea General para el jueves a los efectos de romper el contrato con Full Play
El Consejo Ejecutivo convocó a Asamblea General para el jueves de la semana que viene con dos puntos en el orden del día.
PUNTO 1: REFORMA DE CALENDARIO
Se someterá a consideración de los clubes el proyecto elaborado por la comisión de calendario con el cambio de temporada para el año 2017, lo que permitirá que la actividad oficial se inicie en febrero y finalice en diciembre, abandonando el formato “a la europea” que está vigente desde 2005 – 2006.
Esa actividad estará conformada por el Torneo Apertura, el Torneo Intermedio y el Torneo Clausura. El Intermedio se jugará en dos series de ocho equipos cada una, a una sola rueda y comenzando el fin de semana inmediato a la finalización del Torneo Apertura. Al término de la fase regular, los ganadores de cada grupo jugarán la final. La fase regular sumará puntos para la tabla anual de la temporada. Una vez finalizado el Torneo Intermedio habrá un receso mucho más corto que el actual previo al inicio del Torneo Clausura.
El ganador del Torneo Intermedio se asegurará ser Uruguay 2 en la Copa Sudamericana, si no lograse la clasificación por la tabla anual; y además clasificará para jugar la Recopa uruguaya (al estilo de la Supercopa europea) que jugará frente al Campeón Uruguayo.
PUNTO 2: ROMPER CON FULL PLAY
El Consejo Ejecutivo realizó un minusioso trabajo de investigación a todo nivel sobre la situación de la empresa uruguaya Full Play, cuyos presidente y vicepresidente, los argentinos Hugo y Mariano Jinkis, respectivamente, están recluidos y con pedido de extradición a Estados Unidos por ser acusados de lavado de activos. Esa investigación fue realizada a nivel judicial y extrajudicial, al tiempo que se pidió asesoramiento jurídico a expertos locales y a abogados norteamericanos que también trabajan en estos asuntos para la Conmebol.
Tras dos meses de investigación y con los resultados en poder de los presididos por Wilmar Valdez, estos han concluido que debe romperse la relación contractual que con esa empresa se tiene por las Eliminatorias.
Toda esa información será entregada a las instituciones en la Asamblea General y al final, el Ejecutivo someterá a votación romper el contrato.
